Las monedas de los barones
Oscar A. Bottinelli 

Una camioneta escolar sale de un colegio de Montevideo, atraviesa el puente sobre el arroyo Carrasco y es detenida por inspectores municipales canelonenses: no puede realizar actividad comercial en Canelones con matrícula de Montevideo (como llevar escolares mediante pago). Otra camioneta recoge escolares en Ciudad de la Costa, atraviesa el mismo puente en sentido contrario y es parado por inspectores municipales capitalinos: no puede realizar actividad comercial en Montevideo con matrícula de Canelones. De improviso se descubre la existencia de un Muro de Berlín virtual; no pueden pasar los escolares que viven del lado oriental de la frontera y estudian en la margen occidental del arroyo Carrasco.

Un ciudadano va de Montevideo a Maldonado por Giannattasio y se le ocurre -¡la gente tiene cada ocurrencia! - parar en un supermercado de Ciudad de la Costa. De pronto se ve rodeado de inspectores municipales y policías, que al grito de: "¡Muestre el recibo de luz o reempadrone en Canelones", lo bajan del coche y ante su protesta lo llevan a la comisaría. Es que el ciudadano lleva auxiliar, gato, baliza, llave fija, licencia de conducir y libreta de circulación; también porta tarjetas de crédito y cédula de identidad; pero le exigen recibo de luz, teléfono o agua, documentos hasta ahora no requeridos en ningún reglamento de tránsito del Polo Norte al Polo Sur.

Estas anécdotas, reales, denunciadas por prensa y radio, demuestran que en un momento difícil para la gente, de fuerte recesión e incertidumbre, para no pocos surge un problema adicional, al quedar prisioneros de las presiones cruzadas de municipios vecinos.

El conflicto es viejo y creciente. Hace como ocho años la Intendencia de Montevideo disparó una ola persecutoria a vehículos del interior. Con los fríos de este invierno vino la arremetida de la Intendencia de Canelones, que apoyada por la presión policial, logró un importante número de reempadronamientos. En ese momento la Intendencia de Montevideo reaccionó con un comunicado a todos sus matriculados, el que decía (faltas gramaticales incluidas): "Ante versiones contradictorias que han circulado, se recuerda a los contribuyentes de Patente de Rodados, que de acuerdo a lo resuelto por el Congreso Nacional de Intendentes Municipales el 17 de junio de 1992, el empadronamiento de vehículos podrá realizarse, a elección del interesado, tanto en el Departamento de su domicilio como en aquél donde ejerza su actividad empresarial o laboral". Pero ahora el propio municipio capitalino destella amenazas: reempadrone o pague el doble. Y para fundamentarlo un jerarca señala que se aplicará el Código Civil (¿?), el que dada su vejez poco se preocupa del tránsito, aunque sí del domicilio. Si algo resulta enredado en este país, es definir con precisión los temas de domicilio, residencia y radicación. La radicación es más restrictiva que el domicilio, pues como se deduce con facilidad quiere decir "echar raíces, arraigar". Y nada difícil le resultó a Mario Carminatti, siendo intendente de Río Negro en el '94, demostrar su radicación en la capital (raíces o tallo largo, como de trescientos quilómetros), aunque es verdad que contó con abogados ingeniosos, Corte Electoral benigna y contrincantes tolerantes. Si pudo demostrarse tal radicación ¿cómo alguien piensa que puede resolverse con un simple recibo de luz, teléfono o agua el complejo tema del domicilio, la residencia, el ánimo de permanencia, el domicilio comercial, o el domicilio en tanto lugar de trabajo?

El tema de fondo es que las Intendencias tienen recursos muy limitados, menores a sus requerimientos. Prácticamente todas han llegado al límite posible de la presión tributaria. Buena parte está ahogada por el peso de un gasto inelástico, como las retribuciones personales, producto en la mayoría de los departamentos del interior por el crecimiento excesivo del número de funcionarios y en Montevideo, donde hubo una efectiva reducción de la plantilla, por un significativo incremento de las retribuciones ordinarias y extraordinarias. Los recursos comunales tienen pocas fuentes significativas: la tributación sobre la propiedad inmueble (contribución inmobiliaria y tasas diversas), el impuesto a la compraventa de vehículos, la patente de rodados y gravámenes a las actividades comerciales, industriales y de servicios (a los locales comerciales, industriales y oficinas, a la cartelería y publicidad en vía pública, tasa bromatológica).

La contribución inmobiliaria rural es uniforme para todo el país. Los impuestos a las actividades económicas no tienen peso suficiente para jugar un papel significativo cuando se decide la radicación de un emprendimiento. Las políticas tributarias comunales pueden afectar la radicación de la gente en países como Estados Unidos, pero no en Uruguay; aquí nadie se mueve porque la contribución y tasas afines suban o bajen. Entonces, el único tributo móvil es la patente de rodados: el contribuyente reacciona acorde a las reglas del mercado y busca el departamento que ofrezca menores gravámenes; los municipios apelan al mercado con políticas de estímulo a los empadronamientos. La Intendencia de Canelones que hoy reacciona policíacamente, años atrás dio todo tipo de franquicias para captar nuevos contribuyentes. La Intendencia de Durazno que sufre el embate del dumping de Flores, tiene a su vez alrededor de dos mil vehículos matriculados en el departamento por parte de propietarios que ni se domicilian, ni trabajan, ni tienen propiedades en el mismo; y la contracara es que estos vehículos registran altas tasas de morosidad ante la falta de controles; inclusive algunos circulan con matrículas viejas, ya sustituidas.