Finalmente el Frente Amplio va camino de oficializar y generalizar el sistema tradicionalmente aplicado por los partidos tradicionales, de distribuir los cargos políticos por cuota, en forma relativamente proporcional a los votos o a las bancas obtenidas por las distintas corrientes partidarias. Viene de la línea contraria, aplicada por Vázquez en la Intendencia de Montevideo y luego en la Presidencia de la República, por Arana en sus dos gestiones municipales capitalinas y en el periodo que fenece por gobernantes departamentales como Ehrlich (Montevideo), Carámbula (Canelones) y de los Santos (Maldonado). En ninguno de estos casos se aplicó la cuotificación, en base a que hay que llevar a los cargos a las personas más capaces; la consecuencia, y aquí viene la reacción, que el elegir personas sin presuntamente atender a su filiación generó situaciones como en la primera etapa de este gobierno, en que la Alianza Progresista contó en el gabinete con tres miembros con un senador, el socialismo tuvo cuatro miembros con dos senadores y el Movimiento de Participación Popular, dos ministros con seis senadores (debió contar con 18 miembros en el gabinete para tener igual proporción que la Alianza Progresista y 12 miembros para equipararse a los socialistas). En otros lados la desproporción tuvo otros signos ideológicos, otros beneficiarios (como el MPP en la Intendencia de Montevideo) y otros perjudicados. Y en todos lados la misma comprobación: a los cargos fueron los mejores, los buenos aunque no mejores y los ineficientes. Hubo de todo, como en botica, o como si se hubiese cuotificado. Por eso, esta reacción en favor de la cuotificación.

El reparto de cargos en función del peso electoral o parlamentario de cada uno atiene a varios supuestos concurrentes. El primero de ellos es considerar que en un gobierno o en las diferentes administraciones debe estar representado el espectro político que compone el gobierno, ya sean las diferentes corrientes del partido de gobierno, ya sean los diversos partidos y sectores de la coalición de gobierno, y esa representación corresponder al peso electoral o parlamentario de cada uno (lo que en Uruguay, por la proporcionalidad pura en la elección del Parlamento, la opción por tomar como base los votos o las bancas presenta pocas diferencias). Es que cuando se dice que vaya a cada cargo el más capaz, lo primero que surge es cómo se mide la mayor capacidad, porque puede ser por su conocimiento técnico, por su capacidad política estratégica, por sus condiciones para el diálogo y la negociación política, o por su eficiencia comunicacional y de relacionamiento con la ciudadanía.

Ese es un primer problema, no demasiado diferente a cuando se llama a un concurso universitario o se hace selección de personal en una empresa, la necesidad de definir primero el perfil requerido del candidato ideal. Lo segundo que la persona que más encaje en ese perfil, puede ser de ideas diametralmente opuestas al del partido o la coalición de gobierno, como pretender que Ignacio de Posadas conduzca las relaciones exteriores en un gobierno de Mujica o que Gargano lo hiciere en un gobierno de Lacalle. Entonces, ya no se busca al más capaz, en el sentido de la persona que responda mejor al perfil ideal, sino la que más responda a ese perfil entre quienes comulgan con las ideas y la línea política del partido o de la coalición de gobierno. Pero si se va más adentro, no es lo mismo que en un gobierno frenteamplista todos los ministros sean de extracción tupamara, comunista o marxista-leninista, con exclusión de socialistas no marxistas, socialdemócratas y socialcristianos, a que un gobierno frenteamplista cuente con todos los ministros socialistas no marxistas, socialdemócratas y socialcristianos) y ninguno de origen tupamaro, comunista o socialista marxista. En un caso el gobierno queda inclinado hacia un lado, en otro caso queda inclinado hacia el otro, y si hay un reparto por cuota matemática, hay un equilibrio acorde a los apoyos electorales y parlamentarios. Además es muy obvio que no es lo mismo poner como conductor de la economía a Fernando Lorenzo que poner a Daniel Olesker. Elegir por uno o por otro no es solo decidir quién es el más capaz, sino qué orientación económica, qué línea de política económica, seguirá el gobierno.

Si esto parece tan claro, por qué existe ese rechazo ético a la cuotificación, por qué tiene tanto apoyo popular el rechazo al cuoteo. La razón es muy clara. Porque la cuotificación fue usada no solo como elemento de equilibrio político e ideológico, sino además como reparto del premio mayor para que cada sector premiase a su gente, muchas veces con absoluta independencia de su capacidad para los cargos. La necesidad de premiar - de justo premio - a quienes pelearon y se sacrificaron por un sector, un partido o una candidatura, desean dedicarse en plenitud a la política, y la no obtención de cargos electivo los deja fuera del camino. Entonces, la designación en cargos de gobierno o administración les permite continuar la carrera política. A ello se agrega un segundo factor de rechazo: la llegada al poder de esas personas por su capacidad de cosechar votos (los juntavotos) se asocia con la aplicación de políticas clientelísticas: la creación de empleos, la generación de contratos o el otorgamiento de concesiones para distribuir o premiar a los adeptos, el vuelvo de recursos del organismo en obras genuinas pero concentradas en la zona de base electoral del jerarca, la concentración de publicidad en medios de comunicación que fomenten o respondan a su base electoral. Por aquí viene el rechazo a la cuotificación, es decir, porque se ha empleado en demasía para designar personas de baja o nula capacidad y porque los jerarcas así designados se han preocupado más del clientelismo (o de tomar el organismo como plataforma de su carrera política) que por la obra en si mismo que deberían realizar.

Entonces, el problema es equilibrar el criterio de la cuotificación electoral - con sus efectos de equilibrio político de gobierno y de administración - con la aplicación de cuidadosas normas de selección que aseguren la capacidad de los jerarcas (técnica, política, estratégica, de relacionamiento con la ciudadanía).