A propósito de la participación de la oposición en los entes autónomos ha surgido una discusión sobre cuál es el sentido de tal participación, Conviene primero ver los antecedentes institucionales de la composición política. La misma se regula constitucionalmente en la Carta de 1934 que dispone que el nombramiento de los consejos o directorios requiera venia de 19 senadores (id. en la reforma de 1942). En la Carta de 1952, con un Poder Ejecutivo colegiado, se establece a texto expreso que 3 miembros serán designados por los consejeros nacionales de Gobierno de la mayoría y 2 miembros por los consejeros nacionales de la minoría (ó 4 y 3 en caso de ser directorios o consejos de 7 miembros). La Carta de 1967, nuevamente con un presidente de la República al frente del Poder Ejecutivo, estableció el requerimiento de venia senatorial algo menor que lo anterior: 18 senadores, pero con la posibilidad de que la misma se otorgase por tan solo la mayoría absoluta luego de pasar sesenta días desde el envío del mensaje. En término simples, salvo situaciones de urgencia, la designación de los directorios de entes autónomos y descentralizados requiere la venia de 16 senadores, es decir, del oficialismo, de la mayoría parlamentaria que conforma el o respalda al gobierno. Entonces, desde 1934 hasta 1967 rigió un régimen de necesaria presencia de la oposición en los directorios y desde 1967 hasta hoy esa presencia no es obligatoria, y como no lo es, solo una vez ocurrió.

Los antecedentes políticos indican que desde que rige la Constitución de 1967 se han sucedido siete gobiernos constitucionales: Gestido-Pacheco Areco, Borbaberry (periodo constitucional de 16 meses), Sanguinetti, Lacalle, Sanguinetti bis, Batlle Ibáñez y Vázquez. Solamente en el tercero de ellos, el primero de Sanguinetti, el de la restauración democrática, estuvo representada la totalidad de la oposición en los entes, aunque con una subrepresentación del Frente Amplio, una sobrerrepresentación del Partido Nacional y una sobrevaloración de la Unión Cívica (medido en relación a la proporcionalidad parlamentaria). La oposición estuvo ausente en los gobiernos de Gestido-Pacheco, Borbaberry, Lacalle, Sanguinetti bis, Batlle Ibáñez y Vázquez. Confunde algo la presencia del segundo partido en los gobiernos de Lacalle y Sanguinetti bis (el Colorado en el primer caso y el Nacional en el segundo) y hace pensar a algunos que estuvo representada “la minoría”; sin embargo, en ambos casos los dos partidos constituyeron el entendimiento o coalición de gobierno y quedó excluida la oposición pura: el Frente Amplio en ambos casos, el viejo Nuevo Espacio (PGP-PDC-Unión Cívica) en el primero y el Partido del Nuevo Espacio en el segundo. En el gobierno de Batlle Ibáñez estuvieron representados el segundo y el tercer partido, excluidos el primero (FA) y el cuarto (Nuevo Espacio); entonces, no solo hubo representación parcial y no total de la minoría, sino que hubo exclusión de la mayoría. Los entes estuvieron en manos de la coalición de gobierno y la oposición estuvo fuera. En el gobierno de Vázquez la totalidad de los cargos fueron para el oficialismo (con la excepción de un cargo para el Partido Independiente, que luego se le quita tras la muerte del titular de la función).

Vistos estos largos antecedentes, tanto formales como políticos, surge con claridad la existencia de tres tiempos y tres conceptos: directorios con presencia de la principal oposición sin condicionamiento alguno, con la función principal de ejercer el contralor sobre el oficialismo; presencia excepcional de la totalidad del sistema político en un periodo de reafirmación de la institucional democrática; y presencia exclusiva del oficialismo. Lo que se ensayó y fracasó en 2005, lo que ahora se dialoga y negocia, es volver a la presencia de la oposición. Pero no queda claro para qué: si es para otorgarle poder de contralor sobre el oficialismo (como surge de la visión del nacionalismo) o es para contribuir a la gobernabilidad (como se plantea desde el oficialismo). Estas dos visones suponen que para unos (actual oposición) lo esencial es la existencia del contralor (y esa es la razón primordial de su participación) y para otros (actual oficialismo) lo esencial es la condición de otorgamiento de gobernabilidad (y ese es el requisito previo para su presencia en los entes). Queda claro que lo que se pretende es gobernabilidad y no apoyo al gobierno (quelo uno y lo otro son cosas diferentes), como sí lo exigieron a título expreso tanto Lacalle como Batlle Ibáñez.

Ahora bien ¿qué quiere decir gobernabilidad? Cuando el Partido Colorado pidió gobernabilidad al Frente Amplio en 1985, en realidad lo que pedía era tolerancia parlamentaria pero esencialmente (máxime en la versión del vicepresidente Tarigo) paz social. Esto último ahora no tiene sentido, pues los partidos tradicionales carecen de dominio sobre organizaciones sociales, como para que su gobernabilidad contribuya a o dificulte la paz social.

Entonces, gobernabilidad quiere decir en primer lugar voluntad de comprensión recíproca y de diálogo, pero es de ida y vuelta: los tres partidos opositores tienen que tratar de entender al gobierno - que no quiere decir necesariamente compartir lo que hace - y sus fundamentos, y estar siempre abiertos al diálogo para con él; pero el oficialismo tiene que tratar de entender a la oposición y, en lo que sería un giro de 180 grados a lo hecho por el Frente Amplio en el lustro gubernativo que termina, tener voluntad de diálogo hacia los tres partidos opositores. Voluntad de diálogo quiere decir no solo expresión externa de conversar, sino hacerlo con el propósito de llegar a un entendimiento, y por encima de todo, no repetir lo de hace exactamente cinco años, al cambiar las condiciones de lo acordado o poner condiciones de suyo inaceptables para la contraparte.

Gobernabilidad no es necesariamente llevar adelante políticas de Estado, pero si se llevan estas políticas la gobernabilidad se asegura. El oficialismo expresó su voluntad de buscar políticas de Estado en cuatro áreas: educación, energía, medio ambiente, seguridad. Llama poderosamente la atención que no se haya expresado voluntad de explorar políticas de Estado en algo esencial para un país pequeño, lejano, relativamente aislado y con incertidumbre estratégica: política exterior, inserción internacional del país.

Los difícil en el camino es que blancos y coloradas aprendan a hacer oposición a un gobierno frenteamplista (no lo supieron hacer en estos cinco años) y que el Frente Amplio aprenda a ser un gobierno dialogante y tolerante (tampoco lo supo hacer en este lustro, en que mostró una actitud excluyente y avasallante). Lograr la gobernabilidad parece que en principio pasa para este mutuo aprendizaje. Y ayudaría mucho a la gobernabilidad si se lograran políticas de Estado en los cuatro temas en diálogo, y ayudaría aemás a la gobernabilidad y al posicionamiento del país, si se agregara la necesaria política de Estado en materia de política exterior.