El 1° de marzo de 2010 se realiza una transición histórica del mando en el país: es la segunda vez que un titular del Poder Ejecutivo entrega el mando a otro titular del mismo partido, diferente al Partido Colorado. En puridad, es la primera vez que un presidente de la República no elegido por el Partido Colorado entrega el mando a otro presidente de la República que tampoco haya sido elegido por el Partido Colorado. Lo más parecido, la primera transición intrapartidaria no colorada, fue la del primer colegiado blanco al segundo colegido blanco, el 1° de marzo de 1963, hace casi cinco decenios. Este hecho demuestra lo hegemónico que ha sido el coloradismo en la vida del país, para que un hecho como éste resulte tan excepcional en 180 años de vida del país como república constituida.

Tan significativo como este acontecimiento histórico, es el conjunto de desafíos que deberá enfrentar el nuevo presidente de la República, por su pasado y por su presente. Pero también por el Frente Amplio y por lo que implica de cambio y de continuidad con el gobierno que se va. Para empezar por esto último, en octubre y noviembre del año pasado la ciudadanía reeligió al Frente Amplio en el gobierno, al otorgarle la Presidencia de la República y la mayoría absoluta en ambas cámaras del Parlamento. Esto quiere decir que hay un importante grado de conformidad con la labor realizada por el gobierno. Por otro lado esa reelección partidaria se produce con pérdida porcentual de votos y, consecuentemente - en un país de voto conjunto y proporcionalidad pura - la pérdida de bancas parlamentarias, exactamente de dos escaños en la rama baja. Esto otro quiere decir que hay segmentos de disconformidad con lo hecho por el gobierno (lo que despeja cualquier duda si la disconformidad es con el gobierno o con las candidaturas, es que la pérdida de intención de voto se registra desde mediados de 2007, cuando se promedia la acción de gobierno, y no cuando se acerca el tiempo electoral).

Hay dos segmentos diferentes de la sociedad que apuestan a la continuidad, al reforzamiento y hasta la profundización de lo hecho por el primer gobierno frenteamplista, el capitaneado por Tabaré Vázquez. Uno es el abanico de sectores favorecidos por el variopinto conjunto de políticas con énfasis social, en el que hay que diferenciar dos grupos claros: uno es el de los sectores más pobres, más carenciados, directos beneficiarios de distintas políticas sociales globales y otras sectoriales dirigidas a la mujer, a las mujeres cabeza de familia monoparentales, a los menores, a los discapacitados; el otro es el conjunto de los asalariados, o la masa de la gran mayoría de asalariados, beneficiarios de un fuerte incremento de los ingresos reales, de estabilidad en el trabajo y de protección estatal-sindical. El otro es el grupo, numéricamente pequeño en cuanto a personas, extraordinariamente poderoso en cuanto a economía, constituido por las grandes empresas y en particular por los grandes inversores, sobre todo extranjeros o con capitales provenientes de o relacionados con el exterior, enormemente favorecidos por este gobierno por el conjunto de sus políticas y por el tratamiento tributario en particular. En todos estos casos tiene el desafío de la continuidad. La voluntad política existe y la decisión también.

La disconformidad presenta dos temas, cuyos disconformes no necesariamente son opuestos, pero mayoritariamente responden a segmentos distintos: uno es la seguridad pública, que afecta primordialmente a quienes están situados de la mitad para abajo de los niveles sociales; el otro es el tratamiento dado a la llamada clase media, al segmento de emprenderos pujantes, profesionales o de alta capcitación, o de riesgo, no corporativizada, sin sentido de clase, cuya voz se expresa de tanto en tanto, como en las elecciones, y le hizo perder al Frente Amplio cinco bancas de diputado (el FA perdió tan solo dos, porque tres de las perdidas en la clase media las recuperó en los niveles bajos). Lo primero, la seguridad, se enfrenta con muchas medidas, pero necesariamente con más gasto. Lo segundo, si se lo quiere contemplar -sobre lo cual no hay claras señales- implica que por ahí no deben buscarse más recursos. Y hay dos debes que la sociedad marca aunque no ha castigado por ello: vivienda, especialmente popular (que implica más gasto), y mejoramiento sustancial de la educación pública, especialmente de secundaria, de los liceos, que requiere verdadera voluntad de hacer reformas sustanciales y embestir contra muchos intereses creados.

Salvo en relación a la clase media, el gobierno tiene diagnósticos claros y voluntad política. El problema es otro: en materia de economía, más un país lejano y pequeño, no es dueño ni de todas ni de la mayoría de las decisiones. No se sabe de la existencia ni en el nivel político ni en el nivel de conducción económica de la existencia de planes alternativos (de los famosos plan B), si el crecimiento económico sigue bajando, baja mucho o se anula, y más aún si en lugar de crecimiento llegase a haber decrecimiento. Lo que hay es la más absoluta confianza en que ese fenómeno no va a ocurrir, lo cual es muy probable. Pero un gobierno previsor, como un ejército previsor, realiza planes para toda contingencia imaginable, máxime si tiene probabilidades de ocurrir aunque no fuesen las mayores. Porque la acentuación de las políticas sociales, la continuidad del mejoramiento del salario real, mayor seguridad ciudadana y vivienda, requiere aumentar el gasto, no solo mantenerlo. Aquí hay un desafío que enfrentarlo va más allá de los deseos y la voluntad política.

Otro conjunto de desafíos importantes implica tener el coraje y la decisión de enfrentar muchos corporativismos, sin lo cual no hay ni verdadera reforma de la administración central (que en términos pomposos y no correctos se llama “reforma del Estado”) ni tampoco habrá reforma de la educación. Pero enfrentar los corporativismos implica por un lado enfrentar colectivos laborales y sindicales, pero también saber cuidarse de los empalagosos halagos del gran empresariado oficialista, que ha sabido rodear muy bien al nuevo gobierno ¿Qué quiere decir empresariado oficialista? Es el empresariado que en puridad no es blanco, ni colorado, ni frenteamplista, sino que es oficialista, que está siempre con el gobierno, independientemente de quien esté en él, porque considera que no tiene la culpa que la gente cambie de personas y de partidos. Lo importante es estar cerca del gobierno y beneficiarse del mismo. La historia enseña que no hay nadie más vulnerable a algo que quien fue su enemigo y deja de serlo, porque puede adquirir la fe de los nuevos conversos.