EMILIANO COTELO:
El viernes pasado el doctor Tabaré Vázquez presentó su anunciada propuesta de refundación del Frente Amplio, un documento que se encuentra ahora a discusión de las autoridades frenteamplistas y de los distintos partidos.

Un primer análisis sobre esta propuesta es el tema que nos propone para hoy en el habitual espacio de análisis político de los jueves el profesor Oscar A. Bottinelli, director de Factum.

OSCAR A. BOTTINELLI:
La propuesta formulada por Tabaré Vázquez está en un documento corto pero que uno diría que es muy jugoso, que obliga a hilar muy fino y que puede analizarse desde tres ángulos: uno ideológico, uno programático -las medidas concretas que propone- y un tercero que podríamos llamar sistémico, el orgánico y el funcional, que es el ángulo del análisis que vamos a realizar.

Llama la atención de ese documento la fuerza de lo que llamamos una postura contractualista, ver la llamada refundación del Frente como un contrato entre organizaciones políticas y no como una resolución que toma un partido político a través de sus órganos. El Frente Amplio en 1971 se funda como una federación de organizaciones políticas; luego esto va cambiando con el tiempo. En el estatuto del 86 ya tiene una estructura de lo que llamamos partido federativo, ya que por un lado hay una federación de organizaciones políticas, pero por otro hay una estructura en la cual los afiliados eligen parte de la dirección partidaria. Y a partir del 93 y sobre todo de la puesta en funcionamiento del 28 de setiembre, diríamos que es un partido político per se, a la usanza uruguaya, abierto, con flexibilidad de corrientes, pero partido al fin, donde sus autoridades lo son de todo el partido político, emanan de sus afiliados, de una elección donde la totalidad de los cargos de dirección es producto de dicha elección.

Desde el punto de vista sociológico tenemos lo mismo: cuando se fundó el Frente no existía la palabra "frenteamplismo"; se hablaba de socialistas, comunistas, demócrata-cristianos, blancos, batllistas, unidos en un Frente Amplio. Luego del régimen militar comienza a hablarse de los frenteamplistas comunistas, los frenteamplistas socialistas... y surge incluso la nueva identidad de los frenteamplistas-frenteamplistas. Hoy -estoy hablando de hace unos cuantos años- la identidad es ya frenteamplista, como identidad primordial, casi única, y sobre esto hay estudios de opinión muy claros y muy contundentes. Incluso el fenómeno de Tabaré Vázquez no es un fenómeno de un moderador, coordinador o líder de una federación de organizaciones que medie entre ellas, sino de un caudillismo popular, un hombre que tiene una gran receptividad popular y una adhesión directa hacia él y no intermediada por grupos políticos que se federan.

Y por último las elecciones del 28 de setiembre aparecen como un elemento clave en la medida en que crean una dirección que emana directamente, se eligen personas a través de listas y por lo tanto cambia el viejo criterio de delegatura. Hay una diferencia entre un pacto entre organizaciones -que es la propuesta de Tabaré-, reconstitutivo del Frente, refundacional, y una reforma realizada por un partido que se renueva. No es lo mismo reconstituirse o refundarse que renovarse.

Desde este punto de vista, la propuesta insinúa dos cosas que parecen muy importantes. La primera, que aparece una cierta minusvaloración, disminución del papel de las elecciones del 28 de setiembre, ya que producidas las elecciones y creado el nuevo cuerpo se pasa a discutir cómo se refunda este Frente. Lo segundo es que, contrariamente a la línea histórica que se vino desarrollando de pasar de una federación a un partido -el propio Vázquez encarna un liderazgo fuerte o un caudillismo-, se está hablando de un pacto de tipo contractual entre organizaciones políticas.

Con respecto al tema de la autoexclusión, la propuesta parecería encaminada a decir: "lo pasado pisado, no removamos cuentas viejas, pero a partir de ahora tengamos reglas claras, y éstas se cumplen o se cumplen". Daría la impresión de que ésta es una de las finalidades de lo reconstitutivo, no revolver sobre actitudes pasadas, borrar y empezar de cero hacia adelante con normas rígidas y bastante claras.

En primer lugar, se habla del mandato imperativo. Ocurre que esto, que aparece en el documento presentado casi como una novedad, no es nada nuevo. El Frente siempre contó con mandato imperativo desde 1971. Pero no sólo contó con mandato imperativo sino que el tema de la discusión entre actuar con mandato imperativo o tener libertad de acción los sectores, las organizaciones, fue uno de los grandes temas de debate polémico entre 1987 y 1988 entre la mayoría del Frente Amplio que siguió siendo Frente Amplio y los grupos del PDC y la 99 que no aceptaban este tipo de definición. Y ésta, entre otras razones, lo llevaron a irse del Frente Amplio.

Nunca estuvieron claramente marcadas en los estatutos sanciones ni formas de exclusión o sanciones a afiliados a grupos políticos. Es evidente que esto entraría dentro de las resoluciones normales del Frente, por lo tanto pueden adoptarse por una mayoría especial, que supere la posibilidad de un veto sobre la misma. Desde este punto de vista, el Frente tenía ya previsto tanto el mandato imperativo como mecanismos sancionatorios que nunca aplicó.

Aquí se habla de algo muy singular: el que no cumpla las decisiones se autoexcluirá. En primer lugar, las decisiones son obligatorias, está a texto expreso definido en el reglamento de organización del Frente del 71 y en sus dos estatutos posteriores. Así que sobre esto no hay ninguna innovación sino una ratificación de una línea. ¿Qué quiere decir que el que no cumpla se autoexcluye? El término "autoexclusión" es sin duda un eufemismo. "Autoexclusión" quiere decir que una persona por sí misma y voluntariamente renuncia a algo. Del Frente se autoexcluyeron en su momento la 99, el PDC, después el Movimiento Revolucionario Oriental y después Rodríguez Camusso, personas que en determinado momento llegaron a la conclusión de que ellos ya no tenían que ver o les resultaba incómodo y por sí mismas decidieron excluirse. Eso es una autoexclusión.

Acá se está hablando de otro tema: de expulsión, de excluir a alguien, no de que él se excluya por sí mismo. Que se quiera decir que porque no cumplió es como si se autoexcluyera es una fundamentación que se hace, pero también existen renuncias forzadas, renuncias donde a la gente se la lleva a tomar una decisión por sí misma y voluntaria pero le han creado un marco en que no tiene otra opción que irse. Eso entra dentro de los mecanismos psicológicos, las operativas y los fundamentos. Desde el punto de vista formal, es renuncia cuando se toma la decisión por sí mismo, y cuando otro la aplica es una sanción o una expulsión.

El documento deja abierto un tema muy importante en caso de sanciones, que implica un procedimiento penal, disciplinario, como tienen casi todas las instituciones. Es decir, cuáles son las causas para determinar estas sanciones, quién, qué órgano es el que determina la sanción, cuándo se puede determinar y cómo, por qué mayorías, qué procedimientos, quién hace acusación, cómo se defiende, cuándo se vota. O sea, los procedimientos disciplinarios que tienen muchas instituciones que tienen tribunales disciplinarios, arbitrales. Colegios profesionales, gremios, clubes deportivos y partidos políticos, toda institución que exige obligaciones y otorga derechos a socios o afiliados a su vez tiene mecanismos para el control de estos, puede llegar a la expulsión y tiene procedimientos para esto.

Esto no es nada menor, porque no es lo mismo que una simple mayoría pueda decir en un momento "expulso a Fulano", a que esto sea un procedimiento muy complicado, donde esté muy pautado cuáles son las causas y los momentos, prácticamente como si fuera una especie de juicio penal o juicio disciplinario. Este concepto no aparece nada claro en el documento.

No hay que olvidar que los nuevos miembros del Plenario, las nuevas autoridades del Frente, no deben su investidura a la designación de ningún sector. Quizás esto no esté claro para muchos dentro del Frente Amplio: no son más delegados, no son embajadores de organizaciones políticas, su cargo ahora se origina en una elección popular y su mandato deviene de las urnas, lo cual es particularmente importante cuando se está pensando en la posibilidad de sanciones o exclusiones a esos miembros. Este concepto tampoco parece claro en el documento de la propuesta de Trabaré Vázquez.