El martes pasado juró ante la Asamblea General como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia el penalista Gervasio Guillot. Ese nombramiento se produjo tácitamente después de fracasar un acuerdo que habían elaborado colorados, blancos y el Nuevo Espacio para nombrar a Víctor Hugo Bermúdez. El episodio generó una nueva controversia.

Aquí hubo un acuerdo político de los dos partidos de la coalición más el Nuevo Espacio -que ha acordado en forma reiterada algunos aspectos básicos- con la coalición de gobierno para designar a Víctor Hugo Bermúdez. La defección de dos legisladores del Partido Nacional y tres del Partido Colorado determinó que la coalición de gobierno no alcanzara el número de votos necesarios -los dos tercios, 87 votos-, y quedó designado automáticamente el penalista Gervasio Guillot.

El mecanismo de designación de la Suprema Corte de Justicia desde que existe la misma es a través de la Asamblea General, pero por dos tercios de votos del total de sus componentes. Esto quiere decir que lo que se busca es por un lado que no sea un órgano académico o corporativo el que designa a la Suprema Corte, los propios jueces no se designan a sí mismos, no son designados por un colegio de abogados o una Facultad de Derecho, sino que son designados por un poder representativo político que emerge de las urnas. Hay personas que tienen absoluta prohibición de realizar actividad política y el mecanismo de designación por lo menos pretende impedir que el cargo se partidice, en en el sentido de que no sean personas elegidas por un solo partido o por una simple o normal mayoría de votos.

En la historia del país los acuerdos o las exigencias de dos tercios en general han llevado a tres tipos de designación de cualquier tipo de organismo. Los dos tercios han garantizado evitar la hegemonía o el monopolio en un partido, pero no la partidización. Por ejemplo, en la Corte Electoral o en el Tribunal de Cuentas es muy claro que los cargos se designan con un abierto criterio partidario y un régimen de representación que puede ser más o menos proporcional o acorde a las fuerzas de los partidos políticos.

Otra variante extrema es que los dos tercios no se reúnan para ver cómo distribuir entre los grupos políticos o partidos que conforman los dos tercios sino que aseguren una neutralidad; el acuerdo político contribuye a nombrar un neutral. Que se exija dos tercios -estos días hubo interpretaciones muy diferentes sobre el tema- no está necesariamente marcando un camino. Puede marcar un camino hacia cuotificar políticamente, como se hizo con la Corte Electoral o el Tribunal de Cuentas, o hacia buscar una persona apartidaria y de carácter neutral.

Hay un camino intermedio que ha sido la tradición en la designación de la Suprema Corte de Justicia. Se han designado personas invariablemente del propio Poder Judicial, personas de carrera judicial. Esto no es una exigencia constitucional, puede designarse a un abogado con más de 10 años de ejercicio, con 40 años de edad, que fuera por ejemplo un catedrático sin haber hecho nunca la carrera judicial. La tradición es que se designa a jueces, magistrados, personas que no tienen actividad política partidaria, pero los acuerdos siempre han girado en torno a que sean de una filiación blanca o colorada.

No siempre se logran los dos tercios. En los años anteriores a la reforma constitucional de 1966 se llegó a tal dificultad para lograr acuerdo en la Asamblea General que se fue desintegrando la Suprema Corte de Justicia. Funcionó mucho tiempo con cuatro miembros -tiene cinco-, después funcionó con tres, hasta que se produjo la última vacante y la Suprema Corte quedó desintegrada. Recién ahí rápidamente se produjo un acuerdo político que proveyó totalmente la Suprema Corte.

Ante eso, en la reforma constitucional se resolvió un segundo mecanismo. Como primer mecanismo privilegiado, está el acuerdo de reunir dos tercios de voluntades del total de miembros de la Asamblea General. Supletoriamente, de no lograrse este acuerdo, un régimen automático de designación por antigüedad. El miembro de los tribunales de apelaciones, que son los órganos inmediatamente inferiores a la Suprema Corte, el miembro más antiguo de estos tribunales automáticamente pasaba a la Suprema Corte. Hay una combinación de dos mecanismos y no uno solo a partir del 66. Precisamente en estos años han jugado cualquiera de los dos mecanismos.

La característica particular de esta oportunidad es que Gervasio Guillot es una persona que fue destituida en el régimen militar, de ideas políticas consideradas de izquierda y que además en el período en que estuvo destituido, desde el año 1984 hasta que reasumió la judicatura, fue el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio y un asesor directo del presidente del Frente Amplio, el general Seregni. Esto fue lo que creó un elemento político y determinó una alianza política que no sólo pretendía llevar a una persona vinculada a partidos tradicionales sino que además tenía un carácter de bloqueo de una persona con antecedentes de vinculación al Frente Amplio.

Vamos a dejar tres elementos de reflexión que daría cada uno de ellos para un tema en sí mismo y que surge de los episodios de estos días.

El primero, que ha dado lugar a algunos artículos periodísticos, es qué grado de partidización -o, en un tono menor, qué grado de selección partidaria- admite el Poder Judicial sin que se afecte su independencia. Hay que partir del hecho de que aunque se rechace todo tipo de partidización siempre va a existir una mínima ideologización jurídica o judicial. Un juez con determinados valores y concepciones dentro de los estrechos márgenes que marca la ley puede tener una interpretación hacia un lado o hacia otro. Esto es muy nítido cuando se habla de temas como justicia penal o laboral, en que hay jueces más sociologizantes y otros con una concepción mucho más rígida de aplicación de textos jurídicos, concepciones más conservadoras o más izquierdizantes. No existe una interpretación única, técnica, inequívoca, que no dé lugar a dudas. Por lo tanto, en la selección de los candidatos el cómo piensa o cómo interpreta va a jugar, pero la pregunta es cuánto de esto se vincula a selecciones de tipo más o menos partidario y cuál es el límite de selección partidaria sin afectar la independencia del Poder Judicial.

Un segundo tema de reflexión es que los acuerdos entre ambos partidos tradicionales no permiten jugar el mecanismo de los dos tercios. Se requirió los votos del Nuevo Espacio, pero el Partido Colorado más el Partido Nacional más el Nuevo Espacio están muy en el límite de la exigencia de los dos tercios. Les sobran muy pocos legisladores para poder mantener estos acuerdos y por lo tanto la menor disonancia y disidencia provocan el fracaso, como ocurrió la semana pasada. El tema es cuánto tiempo puede durar este juego político en que se llega al límite de forzar la búsqueda de acuerdo de los dos tercios manteniendo la exclusión. Es muy complicado ver quién se excluye y qué hechos generan la exclusión del tercio restante.

El tercer tema es muy político: el juego que hace el Nuevo Espacio entre los partidos tradicionales por un lado y su actitud de oposición o proximidad al Frente Amplio por otro. Ese juego tiene que ver con los crecimientos y decrecimientos en la intención de voto hacia el Nuevo Espacio y puede determinar que juegue muy en el medio de ambos o que la frontera se vea entre el Frente y el Nuevo Espacio, que se vea al Nuevo Espacio vinculado al área de los partidos tradicionales o al revés.

Son tres temas sobre los cuales hay que pensar. Y cada uno de ellos sale del episodio de la semana pasada.