EMILIANO COTELO:
“Un nuevo capítulo en la judicialización política. Ahora en el Ministerio Público”, es el título que nos propone el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, a partir del caso del fiscal de Corte y procurador general de la Nación, Oscar Peri Valdez, quien está siendo sumariado con separación del cargo a partir de una decisión del ministro de Educación y Cultura, Leonardo Guzmán.

Pero el comentario va más allá de este enfrentamiento de las últimas semanas. Comenzamos por ubicar el papel del procurador general de la Nación.

OSCAR A. BOTTINELLI:
No queremos hacer una explicación jurídica, vale la pena que quien no la escuchó lea en Internet la que daba el decano de la Facultad de Derecho, el doctor Abal, aquí En Perspectiva. El doctor Abal hacía una descripción del papel de los fiscales y luego una descripción muy clara del doble papel del fiscal de Corte como fiscal que actúa ante la Suprema Corte de Justicia y su función de procurador general de la Nación como jefe administrativo y no técnico de los fiscales.

EC - Esa explicación está disponible en nuestro sitio web.

OAB - Es una excelente explicación, muy didáctica y sintética.

El hecho antecedente que he encontrado de una situación conflictiva en materia de este cargo fue a fines de los años 60, cuando Guido Guerra Oribe fue secuestrado por el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) Tupamaros hizo unas declaraciones, grabadas por el MLN, que fueron difundidas y llevaron al ministerio a pedirle la renuncia, y él renunció. Puede tener alguna connotación en cuanto se trata de un Poder Ejecutivo que quiere sacar del cargo al fiscal de Corte, pero en la medida en que éste accede a la renuncia no se transforma en ningún tipo de confrontación como la que ocurre en este momento ante la renuncia de Peri.

EC - El doctor Peri Valdez fue nombrado en 1997.

OAB - Exacto, fue nombrado bajo la Presidencia de Julio María Sanguinetti, siendo ministro Samuel Lichtensztejn. El nombramiento no fue la decisión originaria de Sanguinetti, quien se inclinaba por el fiscal Langón, quien no obtuvo los tres quintos de votos del Senado necesarios, es decir el necesario soporte político para su designación, y optó por el nombre de Peri Valdez, que era un hombre que venía de la justicia laboral y luego había pasado al Ministerio Público (MP). (El MP –vamos a aclararlo porque es un término que puede confundir– es lo que podemos llamar los fiscales.)

El tema es que ha habido una sucesión constante de enfrentamientos con los tres ministros últimos. Si bien fue designado en el período de Sanguinetti, en ese mismo período ya tuvo roces con el ministro Yamandú Fau, más allá de que probablemente sentía que tenía apoyo político; luego a lo largo de este gobierno ha tenido enfrentamientos con los dos ministros, tanto con Antonio Mercader como con Arturo Leonardo Guzmán.

Hay dos o tres cosas interesantes. Una es que Peri le da al cargo de fiscal de Corte o procurador general de la Nación un tono público que hasta entonces nunca había tenido. Debe ser la primera vez que los periodistas y la opinión pública se enteran de quién es el fiscal de Corte.

EC - Es probable, sí.

OAB - Antes era un hombre muy silencioso, a lo sumo se decía: “El tema está a estudio del fiscal de Corte”, nada más; y después: “El fiscal de Corte se pronunció”. En este caso es un hombre que es de noticia periódica, y la noticia siempre ha surgido a raíz de enfrentamientos –es un hombre de una personalidad muy fuerte–. Pero no sólo con los ministros, recordemos que muy poco antes de terminar el año la Asociación de la Prensa Uruguaya en un comunicado pidió la renuncia de Oscar Peri Valdez por considerar que su concepción del ejercicio del MP atenta contra el libre ejercicio del periodismo. Es un dato importante, nunca hubo un pronunciamiento de ningún tipo de corporación contra un fiscal de Corte.

EC - Ubicados esos antecedentes, pasemos al título que elegiste para tu análisis de hoy, el concepto de judicialización política y politización judicial.

OAB - En general nos estamos refiriendo a dos fenómenos muy interrelacionados. Uno es el intentos, desde el ámbito judicial, de judicializar la política, es decir de que los acontecimientos políticos pasen por las instancias judiciales. (Aquí estoy utilizando “judicial” en un sentido muy amplio, tanto los jueces, los magistrados del Poder Judicial, como los fiscales, el MP, que en nuestro país se considera que son dos ramas de la justicia, y por lo menos son dos ramas del sistema judicial en Uruguay.)

La otra parte es cuando el propio sistema político deriva hacia el Poder Judicial... En estos días el Parlamento está derivando hacia el Poder Judicial todos los informes sobre el sistema financiero; es un hecho eminentemente político, que sin duda puede tener connotaciones judiciales, pero lo cierto es que los partidos políticos terminan decidiendo que todo lo que pasó en la crisis financiera sea investigado por el sistema judicial. A su vez permanentes conflictos políticos derivan en el sistema judicial. Y derivan en gran medida porque, por ejemplo, se hacen juicios por difamación o denuncias por difamación, que en definitiva es ir al terreno judicial para seguir la controversia política.

Pero la judicialización política también tiene que ver con la existencia de cierta concepción que ha ido permeando los sistemas judiciales, por lo menos en el mundo occidental. Es muy claro en Europa y se ha dado en Argentina y Uruguay: existe una función de los magistrados o de quienes participan en el sistema judicial que va más allá de la oscura y silenciosa aplicación de la ley o del derecho al caso concreto, y pasa a cumplir funciones, como una reserva moral del país. Esto es lo que hicieron los fiscales de Milán, los procuradores de la República de Milán, lo que Antonio di Pietro, que fue emblemático, hicieron en Italia al comenzar los 90, lo que se llamó la Tangentopolis, que produjo la caída de la primera República. Es un poco lo que ha sido Baltasar Garzón, sobre todo en esta última etapa en España.

EC - ¿En Uruguay qué ejemplos hemos tenido?

OAB - Aquí tuvimos aquel período de Balcaldi, Cardinal, Balliba en los años 1995, 1996 y 1997; últimamente los de Cavalli y Recarey, en el medio el de Estela Jubette, sobre todo en dos casos muy fuertes que crearon conflictos de poder entre el Poder Judicial y la Corte Electoral, cuando se pretendió regular las elecciones o actos eleccionarios desde el Poder Judicial, cuando es una competencia relativa a la Corte Electoral, y hubo ahí algunos rechines.

EC - ¿Por qué citas toda esa idea de la judicialización de la política a propósito de Peri Valdez?

OAB - La cito porque la percepción que uno tiene es de que en este caso ésta es la forma que ha tomado Peri Valdez, con esos instructivos que ha dado a los fiscales, que han rechinado mucho en un montón de fiscales que consideraban que invadía su independencia técnica. En general los fiscales de Corte se limitaban a cumplir la función de fiscal ante la Corte y luego cumplir las tareas administrativas; Peri dio un paso más y se consideró una especie de director orientador de la función, de la misión que debían cumplir los fiscales, concibió el cargo con un concepto de misión y creó una especie de doctrina sobre la función judicial, lo que implica que considera que es algo más que un funcionario que cumple un papel silencioso, oscuro. Este cambio de Peri viene acompañado por algunos fiscales que también aparecieron en los últimos tiempos, con notoriedad en algunos casos.

EC - ¿Por ejemplo?

OAB - Por ejemplo, los que actuaron en el caso de Juan Carlos Blanco, era un fiscal que aparecía muy actuante, con declaraciones públicas, lo que no es lo habitual en los fiscales, es lo que se había hecho sistema en algunos jueces penales.

Esto lleva de la mano que puede haber esta especie de considerar que el sistema judicial tiene un rol importante a cumplir en los sistemas democráticos. Es la visión que ha fundamentado estas actuaciones en España, en Italia y aquí por parte de algunos jueces, magistrados, en Uruguay, y también considerar estos cargos, particularmente el de fiscal de Corte y procurador general de la Nación, como un cargo que puede servir de parachoques del poder político, que es lo que Peri Valdez defiende diciendo que él con esa acción ha servido de parachoques para proteger a los fiscales de presión política, o para que se ejerza presión política desde y a través de la Fiscalía de Corte. Lo cierto es que el cargo de fiscal de Corte es un cargo que termina siendo de alta importancia política, quizás no solamente en el sentido menor de que un partido lo maneje para un interés particular, sino en un sentido quizás más trascendente, en el plano más ideológico, más de cuál quiere que sea la orientación de la función de los fiscales y del MP en distintas áreas.

EC - Hablando de política en relación con el cargo de fiscal de Corte, ¿cómo están dados los alineamientos?, ¿cómo has visto el caso de las reacciones en esta situación en particular?

OAB – Hay algunos alineamientos que eran previsibles y que tienen que ver con apoyos y posiciones anteriores. La oposición del Herrerismo, la de la Lista 15, que veía esta función como la venía cumpliendo Peri Valdez. Hay quien lo veía en el plano personal, hay quien lo veía por el papel que le pretendía cumplir a la Fiscalía y al MP, con mucha reserva, ahí están el Herrerismo y la Lista 15.

El Foro, más allá de los roces con el ministro Fau, fue el impulsor de la candidatura de Peri y ha aparecido con una especie de apoyo silencioso, sin desautorizar al ministro pero sin duda habilitando –o por lo menos dejando ver que no le molesta tanto– una instancia parlamentaria.

Ha sido quizás un poco más sorprendente la actitud de la izquierda, sobre todo del lado del Encuentro Progresista - Frente Amplio (EP-FA), en la medida en que Peri ya venía en cuestionamiento, particularmente desde el medio periodístico y el medio periodístico de izquierda, ya sea por su concepción de los medios de comunicación, ya sea por su actuación en algunos casos. Y la izquierda apareció en una línea si no de defensa de Peri, por lo menos de fuerte cuestionamiento al ministro de Educación y Cultura.

Todavía hay que esperar que se sigan desarrollando los hechos para ver cómo terminan los alineamientos. Quizás también esté en juego el hecho de que la izquierda preferiría que no hubiera un recambio del fiscal de Corte en 2004 porque sería nombrado un fiscal que subsistiría hasta 2014, mientras que Peri termina su período normal a mitad del período del próximo gobierno. Me parece que este cálculo también está presente en cuanto a avalar o frenar lo que podría ser un recambio de la titularidad en la Fiscalía de Corte.