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¿Cuál es la lógica institucional?

 Oscar A. Bottinelli

El Observador - junio 3 de 2012

 

La lógica institucional uruguaya, basada en una democracia de partidos y de partidos de tipo complejo, conformados por no menos de dos grandes corrientes, lleva necesariamente al diálogo, el entendimiento y el acuerdo. La contrapartida es el exabrupto autoritario y, por tanto, contrario a la lógica institucional uruguaya [...] la realidad está cambiando la lógica institucional del país, el mismo sistema institucional

La reciente crisis política puede analizarse a través de la anécdota o de los juegos tácticos o de las líneas estratégicas. Entonces, fuera de la anécdota y de lo coyuntural, para plantear el tema, tres preguntas: ¿Alguien se imagina a Jorge Batlle relevando a Brezzo, Opertti o Stirling sin consulta a Sanguinetti? ¿Alguien se imagina esas remociones con consulta a Sanguinetti pero sin su asentimiento? ¿Alguien se imagina el nombramiento del sustituto sin que fuere sugerido por Sanguinetti? Las tres respuestas son no. Y valen asimismo para Sanguinetti en sus dos presidencias en relación a Batlle y a los líderes nacionalistas, y a Lacalle en relación a los líderes colorados. Luego vienen las tres preguntas referidas a Vázquez: ¿Alguien se lo imagina produciendo relevos, remociones y nombramientos, sin consulta a los líderes frenteamplistas? La respuesta no hay que imaginarla: lo hizo. El planteo de las preguntas y las respuestas hace ver la gran distancia que hay de la cultura institucional de los partidos tradicionales y los problemas de la izquierda con la lógica institucional.

Por lógica institucional se entiende lo que el constitucionalismo italiano llama “constitución material”, vale decir, la combinación de la constitución formal y de su contexto, esencialmente de la cultura política que da marco y ahonda el contenido del texto jurídico. El país viene avanzando desde 1966 hacia el fortalecimiento de la figura presidencial1. Hay tres grandes etapas: la restauración del cargo de presidente de la República (1967), su elección por mayoría absoluta de los votantes (1997) y luego la hiperpresidencialización y desparlamentarización en las que ha avanzado el Frente Amplio en sus dos mandatos.

Cabe consignar que la izquierda, hasta que llegó al gobierno, manejó una fuerte tesis parlamentarista y propugnó modelos similares al parlamentarismo clásico europeo, o como mucho el semiparlamentarismo francés. Sin embargo, en el gobierno fue lo opuesto. La concepción de la izquierda hiperpresidencialista y desparlamentarizadora surge de la praxis de sus dos presidentes. En Vázquez se explicaba por tres razones: su carácter autoritario, su calidad de líder del conjunto (superpartes al interior del Frente Amplio) y el explícito cheque en blanco otorgado por todos los sectores frenteamplistas cuando su designación como candidato. En Mujica no hay explicación posible: no está acorde con su carácter horizontal (como él mismo lo define), no es el líder de la totalidad del Frente Amplio sino al menos inicialmente el referente de la mayoría pero no de la totalidad, y no recibió cheque en blanco alguno. Más aún, desde las elecciones de octubre se creyó ver el retorno a la lógica institucional instaurada en el país, cuando de común acuerdo con Astori delinearon el gabinete.

Aquí cabe despejar dudas: no es que el presidente deba consultar al vicepresidente. No es tampoco, como algunos creen, que si el vicepresidente disiente se repite el problema argentino entre el uno y el dos, como en los casos de Cristina Kirchner-Cobos, de la Rúa-“Chacho” Alvarez o yendo más lejos, Frondizi-Alejandro Gómez. No es un problema institucional, es político. El que debe consultar es el presidente y referente de la mayoría con el referente de la minoría. Es lo mismo que Batlle-Sanguinetti y éste no era el vicepresidente.

La lógica institucional uruguaya, basada en una democracia de partidos y de partidos de tipo complejo, conformados por no menos de dos grandes corrientes, lleva necesariamente al diálogo, el entendimiento y el acuerdo. La contrapartida es el exabrupto autoritario y, por tanto, contrario a la lógica institucional uruguaya. Pero además la constitución formal es suficientemente clara, en la misma línea de la lógica política (vale la pena una vez más referirlo): el presidente no designa ni remueve libremente a los ministros, sino que lo hace condicionado a la obtención de respaldo parlamentario. La incomprensión de la lógica por parte de todo el Frente Amplio se ve con claridad cuando aún desde los sectores afectados se dice: nadie discute el derecho del presidente a hacer los relevos (lo cual es no entender nada de la lógica institucional).

Con los directores de entes autónomos la cosa va más allá: no son removibles por el presidente. Solo excepcionalmente en caso de ineptitud, omisión, delito o comisión de actos que afecten su buen nombre, previa articulación de cargos y venia del Senado. Este respeto por el carácter autónomo se mantuvo hasta el fin del gobierno Batlle. Excepcionalmente se recurrió al pedido de renuncia de directores; el caso más notorio fue el de todo el Banco Central, por acuerdo de todos los líderes oficialistas, por considerarlos responsables del descalabro del sistema financiero de 2002. Los pedidos individuales, como se dio en el caso de la administración Vázquez y se repite ahora, es lisa y llanamente hacer caso omiso de lo que representa el concepto de ente autónomo.

Ahora bien. La lógica es la que aquí se describe y la que se aplica es otra. Entonces, la realidad está cambiando la lógica institucional del país, el mismo sistema institucional. ¿Por qué? Con Vázquez ocurrió por la incomprensión por parte de la izquierda de la lógica institucional, la concepción hiperpersonalista del presidente y la aceptación acrítica de sus decisiones por parte de todos los líderes y actores sectoriales frenteamplistas. Con Mujica ocurre porque hasta ahora Danilo Astori y el astorismo no han seguido las reglas de juego conformes a la lógica institucional. Esas reglas determinan que si el presidente rompe los consensos, esa ruptura tiene costos elevados: desde el retiro del gobierno, pasando por la pérdida de la mayoría parlamentaria hasta la censura formal al Consejo de Ministros por la Asamblea General. Si el presidente no cumple con la lógica, es deber de los afectados hacerla cumplir. Si no, hay consentimiento en el cambio de la lógica institucional.

Esto lleva a otro problema. No se votó a Mujica presidente sino la fórmula Mujica-Astori. Mujica solo no hubiese retenido la mayoría parlamentaria. Si el gobierno es solo de uno de los términos de la fórmula, hay un sector nada menor del electorado al que se le excluye la representación. Es otro aspecto de la lógica política a leer.


1Ver Presidencialismo y parlamentarismo (febrero 19), El arribo del hiperpresidencialismo (febrero 26) y El fortalecimiento de la Presidencia (marzo 11), todos en El Observador en 2012 (consultar en www.factum.edu.uy)

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